Auge de las minas antipersonas en 2010

Homenaje a las víctimas de minas en Colombia

La ONG encargada del control de minas terrestres, Ladmine Monitor, ha denunciado que a pesar de que se han despejado muchos lugares, la colocación de minas antipersona alcanzó su máximo en 2010 tras los peores registros en 2004 sobre su uso, según informa el diario El Mundo.

Los países que encabezan la lista de del uso de este tipo de dispositivos son: Siria, Libia, Birmania y Pakistán, cuyos gobiernos no han firmado el tratado para prohibir este tipo de armas.

Landmine Monitor destaca también en este diario que en 2010 se consiguió el mayor número de fondos obtenidos – 407millones de euros—para ayudar a las víctimas.

Sin embargo, ayer las autoridades colombianas anunciaron que tres soldados de su ejército murieron por las minas antipersona que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían colocado, según El Mundo.

Víctima de mina antipersona

Jacqueline Hansen, directora del programa de control de minas de la ONG, 

explicó a El Mundo que “en estos duros momentos, los gobiernos están mostrando su compromiso de acabar con las minas terrestres en el mundo continuando con la financiación de los esfuerzos para quitar minas y ayudar a los supervivientes”. Ya son 158 las naciones que han firmado el tratado de Ottawa en el que se prohíben las minas.

El pasado año, se alcanzó el récord de zonas despejadas de minas, 660 kilómetros. Se destruyeron más de un millón de minas y otros dispositivos sin explotar. Esto se ha reflejado en el número de fallecidos por este tipo de armamentos, que desde hace un año se ha ido reduciendo, a pesar de que todavía se han registrado más de 4.000 muertos en todo el mundo por explosiones de mina.

Frente a este dato esperanzador, Loren Persi- Vicentic, de Landmine Monitor, ha señalado que el número de heridos ha ido incrementando por cada año, pues según informa a El Mundo, “solo el 9% de los fondos de minas antipersona están destinados a ayudar a los supervivientes, que requieren asistencia para el resto de sus vidas”, asegura.

Un mes sin noticias

Hoy hace un mes desde que Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons fueron secuestrados en Tinduf (Argelia) por un grupo de hombres armados, cuando se encontraban en un campo de refugiados, en el que eran cooperantes.

En un principio todas las hipótesis apuntaban a que el rapto había sido obra de Al Qaeda Islámico (AQMI), según diarios españoles como El País o El Mundo, mas esta organización terrorista no ha reivindicado la operación ni se han hecho públicas pruebas de vida de los dos españoles, así como de la italiana Rosella Urru. Fuentes de la seguridad del Frente Polisario han asegurado a El Mundo que confían en que los cooperantes sigan en Mali, cerca de Tumbuctú. No obstante, nada se sabe de ellos.

Según este mismo diario, algunas fuentes cercanas a la investigación señalan que los cooperantes podrían haber sido capturados por un argelino ex miembro del antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, vinculado a AQMI y a un gurú espiritual de los islamistas que ha sido encarcelado en Nuakchot (Mauritania).

Otros, sin embargo, apuntan a un grupo de  mercenarios de Mali, relacionados también con los islámicos más radicales. Por su parte, el Gobierno español aún no ha descartado que los captores sean de AQMI. Mientras tanto, el Polisario sí responsabiliza a esta organización terrorista del secuestro a través de varios de sus responsables, a pesar de que Mohamed Abdelaiziz (presidente de la República Árabe saharaui Democrática) no les ha atribuido la autoría públicamente en sus declaraciones.

De momento, los servicios secretos de los países del Sahel junto con España, trabajan para localizar y lograr la liberación de los cooperantes.

Una ley por un juguete

Según Save the Children, la ley debería:

1. Estalecer un registro unificado de datos e información sobre formas y casos de violencia contra la infancia.
2. Acordar medidas coordinadas en los ámbitos sanitario, educativo, social y policial para garantizar la protección inmediata y la atención especializada para niños y niñas víctimas de cualquier forma de violencia.
3. Garantizar la coordinación interinstitucional y los recursos adecuados para prevenir y detectar de manera temprana la violencia contra los niños y las niñas.
4. Garantizar que las investigaciones y procesos en los que estén implicados menores de edad víctimas de violencia se lleven a cabo con rapidez, minimizando el riesgo de la doble victimización y teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños y niñas.

"La protección de la infancia contra toda forma de violencia es, además de una obligación para garantizar sus derechos fundamentales, la mejor manera de reducir y prevenir todas las formas de violencia en la sociedad. La prevención de la violencia en una genereción reduce su probabilidad en la siguiente", explica al diario El Mundo Yolanda Román, responsable de la Incidencia Política de Save the Childre.